Ley Ovina

  • Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, sancionada el 4 de Abril de 2001

  • Destinada a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita la sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, permita mantener las fuentes de trabajo y la radicación rural.

  • Esta Ley comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comerciable ya sea de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas.

  • Se impulsa la adopción de modernas tecnologías que conducirán a incrementar los porcentajes de corderos logrados, incrementar la productividad por hectárea y mejorar la calidad de la lana. Tanto en el medio rural como industrial.


Objetivos

  • Aumento de ingresos netos y valor agregado

  • Desarrollo de recursos humanos

  • Mejora del status sanitario de las majadas

  • Aumento de la facturación global del sector

  • Conservar y mejorar los recursos naturales involucrados.

  • Mejora en la calidad de todos los procesos

  • Aumentar el stock ovino nacional


Estrategias

  • Disponer de financiamiento adecuado y asegurado por Ley a fin de permitir el proceso de planificación a mediano y largo plazo.

  • Elaboración de planes y programas provinciales que provean un adecuado marco conceptual que guíe la ejecución de fondos

  • Participación directa de los productores en los procesos claves: planificación y control de gestión.

  • Descentralización de la operatoria

  • Articulación entre actores relevantes

  • Flexibilidad de la operatoria para atender correctamente las variadas necesidades del productor ovino en las distintas regiones del país

  • Estimular el asociativismo y las formas de integración.


Fondos

  • Durante los primeros 10 años de gestión, el Estado Nacional aportó 20 millones de pesos anuales, y luego a través de la Ley 26.680 el Fondo se prorrogó por 10 años más y el monto mínimo a aportar se ajustó a 80 millones de pesos anuales, más los recuperos de la cobranza de los aportes reintegrables otorgados.

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